El TSJ fija en 6 meses plazo para desalojo de inquilinos

 El Tribunal Supremo de Justicia decidió que, transcurridos seis meses después de que un juzgado solicite al Min-Vivienda refugio para un inquilino, se podrá ordenar el inmediato desalojo, así el Gobierno no haya otorgado la solución habitacional temporal.

Amanda no se va. Sigue viviendo en el apartamento que es propiedad de Ernesto, a pesar de que hace tres años un tribunal sentenció que debía desalojarlo. Ambos perdieron comunicación y ella incluso dejó de pagarle a él su mensualidad. Historias de arrendamiento indefinido como esta, ahora podrían tener desenlace.

Si Amanda (nombres ficticios basados en un testimonio real) no se ha ido, es porque a los funcionarios que llevan juicios de desalojo les corresponde remitir al Ministerio de Vivienda una solicitud para que este órgano provea refugio temporal o casa definitiva al afectado y su familia, siempre que comprueben no tener dónde habitar.

Así lo prevé el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en Gaceta Oficial el 6 de mayo de 2011. Y remata el mismo artículo: “En todo caso, no se procederá a la ejecución forzosa (del desalojo) sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada”.

Los refugios son asignados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Que la Sunavi no le haya encontrado un nuevo domicilio a Amanda era su llave para seguir entrando al apartamento, pero por una reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, Ernesto podría reconquistar su propiedad.

No al tiempo indefinido

La Sala Constitucional del TSJ observó que, en efecto, el referido decreto-ley del año 2011 prohíbe la ejecución forzosa de desalojos a inquilinos residenciales, hasta tanto el Gobierno garantice el destino habitacional del afectado. Y observó también que esto se fija “sin establecer un lapso determinado para ello, lo cual ha originado que, en la práctica, se susciten casos donde las ejecuciones de los fallos se dilaten por este motivo”.

Se trata de una situación que, admiten los magistrados, contraría los postulados de una justicia expedita y sin dilaciones indebidas. Por eso en sentencia N° 1.213, fechada el 3 de octubre pasado, la Sala Constitucional entendió necesario fijar un plazo perentorio que, una vez vencido, habilitará al tribunal para ejecutar el desalojo.

Se dispone ahora de un lapso de cuatro meses para que la Sunavi emita un pronunciamiento, más una prórroga de dos meses. “Ha de ser ese el lapso racional y suficiente para que la ejecución de un fallo definitivamente firme, que ordene el desalojo, esté a la espera de que la autoridad administrativa (Sunavi) garantice el destino habitacional del arrendatario”, resolvió el TSJ.

Vencido este plazo sin que haya habido pronunciamiento de la Superintendencia, el juez quedará habilitado para ejecutar la sentencia de desalojo. Esto, advierte el fallo, “sin menoscabo de las facultades del administrado (el inquilino) para instar a la administración (la Sunavi) a que cumpla con el deber de solucionarle transitoriamente su problema habitacional”.

Una resolución ministerial del pasado 30 de septiembre refuerza este compromiso. Delega a la Superintendencia la atribución de proveer refugio temporal al arrendatario que tenga sentencia definitiva firme para desalojar la vivienda que habite. Lo mismo contemplaba ya el artículo 49 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda (2012).

TSJ pide elevar a los 18 años la edad mínima para casarse (Fuente: Diario El Universal)

El matrimonio no es cosa de niños. Así lo dejó en claro el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que considera que el actual marco legal, el cual permite a adolescentes contraer nupcias, debe ser modificado, pues representa un riesgo para desarrollo "físico, intelectual, psicológico y emotivo" los contrayentes; y, por lo tanto, solicitó a la Asamblea Nacional que eleve hasta los 18 años de edad el límite a partir del cual los venezolanos se pueden casar.

La petición la realizó la Sala Constitucional en su sentencia 1.353, en la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad que la Defensoría del Pueblo interpuso en febrero de 2010 contra el artículo 46 del Código Civil, el cual abría las puertas al matrimonio prematuro al permitirle a los hombres mayores de 16 años y a las mujeres de 14 unirse legalmente.

Luego de suprimir esta diferenciación, por considerarla discriminatoria; y reescribir la norma, la intérprete de la Carta Magna instó al Parlamento, a través de la Comisión Permanente de Familia, a modificar totalmente el artículo.

"El matrimonio debe ser producto de una decisión libre, y el consentimiento pareciera no ser totalmente libre y cabal si al menos una de las partes es 'excesivamente' inmadura", afirmó la Sala, al tiempo que agregó: "Para los adolescentes el matrimonio prematuro tiene un profundo efecto físico, intelectual, psicológico y emotivo que limita casi indefectiblemente las opciones educativas y de crecimiento personal; con la salvedad expresa de que son las niñas las que incluso llevan la peor parte, pues el matrimonio prematuro viene casi siempre emparentado con el embarazo y parto prematuro, y con una espiral de violencia física, psicológica, doméstica u obstétrica al carecer de las herramientas necesarias para evitar que el manejo de la relación de pareja se realice a través de causes violentos".

En el fallo redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán se reconoce que el propósito del legislador con esta norma fue regular los embarazos precoces, abriéndole las puertas para que los jóvenes "puedan emanciparse y facilitarle los actos jurídicos necesarios para el sostén y protección del niño o niña". No obstante, dejó en claro que hay otras vías distintas al matrimonio para que los padres precoces se independicen.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el contenido del artículo 46 del Código Civil, por considerar que el límite era muy bajo y solicitó a las autoridades venezolanas equipararlo con el voto, la responsabilidad penal, etc.

A cada cosa su momento 

Al suprimir la diferencia que establecía el texto entre hombres y mujeres, la Sala afirmó: "Resulta contrario a los intereses de la adolescencia y al sistema de protección integral que tiene garantizado, que la norma les permita a una edad tan temprana, desde los 14 años, abandonar sus estudios, su preparación profesional, su recreación y todas las actividades propias de la adolescencia que en conjunto configuran la personalidad del adulto sano, poniéndoles fin a su niñez, para lidiar con las complicaciones del matrimonio, el hogar y los hijos, viendo frustradas sus posibilidades de desarrollo progresivo y proporcional en otras áreas más cónsonas con su muy temprana edad".

TSJ entregó propuesta de Reforma del Código de Procedimiento Civil (Fuente: Finanzas Digital / Prensa AN)

 

La magistrada Iris Peña, presidenta de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entregó a la Directiva de la Asamblea Nacional una propuesta de Reforma del Código de Procedimiento Civil.

Se hacía necesario ya tener este proyecto de Código, ya que el vigente tiene 30 años. “Al recibirlo hoy, vamos a enviarlo a la Comisión de Política Interior y hemos acordado hacer un equipo conjunto entre Tribunal y la Asamblea, una vez que se apruebe en primera discusión, proceder a la consulta pública nacional”, señaló el diputado Darío Vivas (Psuv/Distrito Capital) primer vicepresidente del Parlamento.

Señaló que se está cumpliendo la Constitución, en su artículo 204 lo pertinente a la iniciativa legislativa, que entre otras instituciones, le corresponde también al TSJ realizar este tipo de iniciativa. “El contenido de la propuesta se alista al mandato constitucional y el Plan de la Patria”.

Por su parte, la magistrada Peña planteó que entre los aspectos mas importantes de esta reforma, se tiene la realización de un juicio oral por audiencia: juicio oral y público con concentración y mediación del juez, “lo que va a requerir la formación del personal que aplicará esta herramienta, porque el juez deberá ser un juez social proactivo, juez que llevará a una conciliación, habrá una audiencia preliminar y una audiencia de juicio”.

A juicio de la Magistrada, estos conflictos, de intereses privados, podrán resolverse en la audiencia preliminar y un juicio podría durar un mes o  cuatro meses. Si es así, duraría dos audiencias: una preliminar, una de juicio y posteriormente la sentencia.

Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Elvis Amoroso (Psuv/Aragua), enfatizó la importancia de este proyecto “que los venezolanos han esperado por mucho tiempo. Va a acelerar la justicia en la parte civil, ya se había adecuado los juicios orales en materia penal, laboral y lo contencioso también, pero faltaba lo civil”.

Explicó Amoroso que este proyecto de 838 artículos, se llevará a primera discusión en las próximas semanas y posteriormente la consulta pública el tiempo que sea necesario, porque es un trabajo profundo.

La propuesta

Resulta importante decir que el Código de Procedimiento Civil, es un instrumento legislativo que regula diferentes instituciones procesales relacionadas con derechos patrimoniales, estado y capacidad de las personas, entre otras. Este cuerpo legal es la norma supletoria, por excelencia de casi todos los procedimientos que existen en nuestro país.

En cuanto a la propuesta, tiene como finalidad lograr la simplificación de los procesos mediante un procedimiento oral, breve, expedito y público; donde se promuevan los medios alternativos de resolución de conflicto, garantizando una tutela judicial efectiva que resuelva eficazmente las controversias planteadas por los ciudadanos, planteándose una transformación de los poderes del juez y jueza haciéndolos mas humanos, cercanos a los justiciables.

Entre los aspectos novedosos de este proyecto de Código, se tiene:

Sustituye el principio de la escritura por el principio de la oralidad, la jurisdicción y la competencia, vistos como asuntos procesales que deben ser revisados por el juez o jueza de la audiencia preliminar.

Se otorgan amplias facultades al juez o jueza como, por ejemplo, la de incorporar pruebas al proceso; cambio de paradigma en la figura del juez o jueza, más proactivo, humano, al servicio de justiciable y verdadero director del proceso.

La creación de los Circuitos Judiciales Civiles, de acuerdo al artículo 269 de la Constitución. Se incorpora la defensa pública, para quienes carezcan de recursos económicos.

Así como, un gran avance: El desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflicto en la primera fase del proceso.

TSJ reforma el Código Civil y flexibiliza el divorcio (Fuente: Diario El Universal)

Sala Constitucional reinterpreta el artículo 185-A

El magistrado Delgado fue el redactor del fallo que flexibiliza el divorcio CORTESIA TSJ

JUAN FRANCISCO ALONSO 

jueves 22 de mayo de 2014  

El divorcio, aún el acordado, puede ser una experiencia desagradable para no pocas parejas venezolanas. Sin embargo, a partir de ahora una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hará que el mal rato dure menos, pues ese organismo flexibilizó el procedimiento para disolver un matrimonio al modificar, aunque sin reescribirlo, un artículo del Código Civil vigente.

En su sentencia número 446, del pasado 15 de mayo, la Sala Constitucional interpretó el artículo 185-A del Código, el cual establece que "cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común", inmediatamente el juez convocará una audiencia y "si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho (la separación por cinco años), o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente".

La intérprete de la Carta Magna puso la lupa precisamente sobre el último parágrafo y dictaminó: "Una interpretación del artículo conforme con la Constitución, debe ser aquella que admita la apertura de una articulación probatoria para el supuesto que cualquiera de los cónyuges cuestione la verificación de la ruptura de la vida en común por un tiempo superior a cinco años", es decir que se exija a la parte que niega la veracidad del fin de la vida en común que pruebe sus dichos ante el juez, evitando así que el caso sea desechado automáticamente.

De ahora en adelante en este tipo de procesos, que se suponen consensuados, si una de las partes se desdice y cambia de opinión se "impone un deber al juez de buscar la verdad sobre las afirmaciones efectuadas, tanto por quien ha iniciado el proceso en condición de accionante, como también de aquel que ha comparecido en calidad de emplazado o citado", pues la Sala declaró vinculante su decisión y con ello obligó a todos los juzgados civiles a iniciar una especie de juicio para decidir si disuelve la unión o si la mantiene.

¿Por qué del cambio?

La Sala Constitucional justificó la modificación en el hecho de que el Código Civil, que data de 1982, es previo a la Carta Magna y "debe adaptarse a las garantías procedimentales consagradas en el constitucionalismo moderno que exigen la existencia de un debate probatorio en donde las partes puedan, no solo comprobar los hechos que le asisten, sino también controlar las pruebas evacuadas en oposición a sus posturas".

Empero el fallo redactado por el magistrado Arcadio Delgado Rosales fue la respuesta a la solicitud que los abogados del banquero Víctor Vargas, presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD), interpusieron en enero pasado para que fuese revisada una sentencia que a mediados del año pasado dictó la Sala Civil y mediante la cual anuló su divorcio de Carmen Leonor Santaella, declarado por el Juzgado 20 de Municipio de Caracas en 2012.

La Sala consideró que la manera como el Juez de Municipio decidió el caso de Vargas y Santaella fue correcta, aún cuando no siguió al pie de la letra lo previsto en el artículo hoy modificado; y no solo volvió a dejarlo en pie, sino que paralizó el procedimiento disciplinario que la Sala Civil había ordenado abrirle al titular de ese despacho.

La aprobación de este dictamen generó un agrio debate y hasta enfrentamientos entre algunos de los siete miembros de la Sala, aseguraron fuentes del TSJ, las cuales indicaron que "algunos magistrados no estaban muy ganados a la idea de modificar una ley para favorecer a una persona". 

Sin embargo, la controversia no quedó plasmada en el fallo, pues ninguno de los intérpretes de la Constitución salvó el voto y formuló objeciones, solo la magistrada Luisa Estella Morales hizo unas observaciones, de forma, más no de fondo a través de un voto concurrente.

Condiciones de la Prescripción

De acuerdo a la Doctrina, existen tres condiciones esenciales para que la Prescripción tenga lugar, y son las siguientes:

a)      Inercia del Acreedor: La inercia se define como la circunstancia en la que el acreedor estando en la necesidad de exigir el cumplimiento al deudor y la posibilidad efectiva de ejercer la acción para obtener ese cumplimiento, no ejecuta dicha acción. Es menester señalar que la inercia del acreedor tenga tres requisitos: La primera es la Necesidad de exigir el cumplimiento o ejercer la acción (presupone el no uso de su derecho por parte del acreedor por culpa imputable a él. El acreedor debe y puede ejercer su derecho de exigir que la obligación sea cumplida por parte del deudor y no lo ejerce). La inercia del acreedor no significa necesariamente una conducta pasiva desarrollada por él, presupone que el deudor realice cualquier acto que contradiga el derecho del acreedor y éste permanezca inactivo. El segundo requisito es la posibilidad de ejercer la acción (no basta con que  el acreedor tena la posibilidad de ejercerla, pues existen situaciones en que el acreedor está legalmente impedido de tener esa posibilidad. Y el tercer requisito de la inercia es el No ejercicio de la acción (no basta con la necesidad de ejercer la acción ni con la posibilidad de ejercerla, sino que es necesario que la acción no hubiese sido ejercida, porque si el acreedor ha ejercido sus derechos  aun cuando no hubiese obtenido su cumplimiento, interrumpe la prescripción y ya desaparece la inercia del acreedor)

b)      Transcurso del Tiempo fijado por la Ley: El tiempo necesario para tenga lugar la prescripción debe ser siempre fijado por la ley, y si fuese fijado por un Juez o por las partes, ya se estaría hablando de un lapso de caducidad.

c)       Invocación por parte del interesado: La prescripción no opera de pleno derecho, tiene que ser alegada por el interesado, la Ley deja a la conciencia del interesado la decisión de esgrimir la prescripción. El juez de oficio no puede suplir la prescripción no opuesta, por lo tanto, si ya se han cumplido el resto de los requisitos de hecho y de derecho para que tenga lugar la prescripción, el Juez no podrá declararla si no es alegada por el interesado. 

Renuncia a la Prescripción

Consiste en un acto en el que el deudor manifiesta de manera expresa o tácita su deseo o voluntad de no hacer uso de la misma. Trayendo como consecuencia que el renunciante pierda los beneficios de ejercer el derecho de alegar dicha prescripción.

La renuncia tácita resulta de todo hecho que no es compatible con la voluntad de hace uso de la prescripción. También se consideran como renuncias a la Prescripción las compensaciones voluntarias, peticiones de dilación, oferta de un fiador o de otra garantía, y además todo acto que haga pensar o suponer la voluntad de no hacer uso de la prescripción.

La renuncia de la prescripción puede ser:

a)      Pura y Simple

b)      Estar acompañada de condiciones

c)       Limitadas por reservas

d)      Expresa. En este caso queda sujeta a las mismas reglas que rigen el conocimiento como causal de interrupción de la prescripción. Según lo señalado en el artículo 1955 del Código Civil Venezolano, aquel que no puede enajenar tampoco puede renunciar a la prescripción. Si la renuncia a la prescripción es efectuada por los representantes de personas incapaces que estén debidamente autorizados para enajenar, los efectos de dicha renuncia se producirán contra esos incapaces, sin perjuicio de la acción de estos para hacerse indemnizar de los perjuicios ocasionados por tal renuncia.

La renuncia a la prescripción no necesita de formalidades solemnes, y para que pueda efectuarse se debe haber consumado previamente la prescripción. Es decir, si una persona renuncia a una prescripción adquisitiva o extintiva antes de haber transcurrido el tiempo determinado por la Ley, esa renuncia carecerá de valor, su renuncia podrá hacerse luego de adquirirse, tal como lo establece el artículo 1954 del Código Civil.

La Prescripción

La Prescripción

La prescripción en nuestra legislación se encuentra tipificada en el artículo 1952 y siguientes del Código Civil Venezolano, el cual lo conceptualiza como un medio o modo de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley. Se define también como un derecho adquirido por el transcurso del tiempo, el cual es su característica principal.

La prescripción se clasifica en dos categorías, a saber:

1.       La prescripción adquisitiva: Es aquella que tiene por finalidad adquirir un derecho sobre una cosa determinada, conocida también como Usucapión que es un medio de adquisición de Derechos Reales, que supone la posesión de una cosa y la posibilidad de ejercer sobre la cosa actos de dominio durante un periodo mas o menos prolongado. Para adquirir algo por prescripción es necesario la posesión legitima de la misma y no tiene efecto respecto de las cosas que no están en el comercio.

2.       La prescripción extintiva o liberatoria: Es un recurso a través del cual una persona se libera de cumplir con una determinada obligación al haber transcurrido un período de tiempo determinado y por supuesto, cumpliendo con ciertas condiciones señaladas en la Ley. No es considerada como un modo de extinción de las obligaciones, puesto que solo extingue las acciones que sancionan aquella obligación. Ejemplo: Si se da este tipo de prescripción, la obligación sigue existiendo bajo la forma de obligación natural, pero si extingue las acciones por parte del acreedor para así obtener el cumplimiento de manera coactiva de dicha obligación.  Extingue tanto las acciones reales como las personales para lograr que una obligación sea cumplida. Cabe destacar que la prescripción extintiva no opera por disposición de la Ley o de un Juez, la prescripción debe ser alegada por aquel que quiera prevalerse o servirse de ella. Es irrenunciable, es decir, aquella o aquellas personas que quieran favorecerse de la prescripción extintiva no pueden renunciar a ella hasta que ésta ocurra, no exista con todas sus condiciones o no es consumada. Solo es posible renunciar a sus beneficios cuando ya es adquirida. No requiere de buena fe ya que el transcurso del tiempo y el cumplimiento de determinadas condiciones hacen que ella opere o surja. Constituye un medio de defensa, o sea, puede ser alegada por quien quiera favorecerse de ella si es demandado o si se le exige el cumplimiento de la obligación, pero hay que aclarar que la prescripción extintiva no puede ser demandada al acreedor para que éste la reconozca a favor del deudor.  

Procedimiento de Constitución de Hogar

La constitución de hogar es un instituto de derecho privado que le permite al propietario de un determinado bien asegurar la continuidad y la subsistencia de su familia, toda vez que al ser afectado a esta finalidad y ser separado de otros bienes del constituyente, pasa a ser inejecutable, queda sometido a rigurosas restricciones para su enajenación o gravamen y tiene un sistema especial dentro de la sucesión hereditaria, pues al fallecer el último miembro de la familia para quien fue constituido el hogar, vuelve al patrimonio del constituyente o de sus herederos, a menos que el dominio se haya traspasado a los beneficiarios de este derecho. 

El procedimiento de Constitución de Hogar se encuentra regulado en los artículos 632 y siguientes del Código Civil, y tiene por objeto separar el inmueble constituido en hogar, del patrimonio común del beneficiario (constituyente o no), de tal manera que los mismos queden excluidos de la responsabilidad patrimonial del deudor y de la prenda común de sus acreedores. Se persigue con tal declaratoria proteger de manera especial el hogar doméstico, para así convertirlo en un bien inejecutable. 

Para poder ejercer el derecho de constituir patrimonio familiar se exige, por un lado, de acuerdo con el artículo 635 del Código Civil, que el bien sobre el cual se constituya el hogar sea “una casa en poblado o fuera de él, o una casa con tierras de labor o cría, siempre que esté destinada a vivienda principal de la familia”, y por el otro, que el solicitante cumpla con los requisitos del artículo 637 del Código Civil, el cual dispone que la persona que pretenda constituir hogar, deberá ocurrir por escrito al Juez de Primera Instancia de la jurisdicción donde esté situado el inmueble destinado para aquel objeto, haciendo la declaración correspondiente con designación clara y precisa de las personas a cuyo favor lo constituya, si tal fuere el caso, y así mismo expresar la situación, cabida y linderos del predio y demás datos que tiendan a describir dicho inmueble. 
Con la solicitud mencionada deberá acompañarse de su título de propiedad, y una certificación expedida por el Registrador respectivo relativa a los últimos veinte (20) años, para comprobar que no existe gravamen vigente sobre el inmueble que se va a constituir en hogar”. 

De acuerdo a los artículos citados, para que el Juez declare con lugar la solicitud de constitución de hogar deben existir estos requisitos:

• El bien debe estar destinado a habitación o predio familiar.
• El inmueble que se va a constituir en hogar debe aparecer perfectamente identificado con todos sus datos descriptivos.
• No tener deudas, cuyo pago pueda verse perjudicado por la constitución, ya que el hogar quedará excluido absolutamente del patrimonio del constituyente y de la prenda común de sus acreedores. Para esta última comprobación exige la ley una certificación de si existen gravámenes vigentes sobre el inmueble, expedida por los últimos 20 años, a fin de darle seguridad jurídica a los terceros, y por ello si algún interesado se presentare a hacer oposición antes de la declaración judicial, la ley ordena que la misma se resuelva por los trámites del juicio ordinario, suponiendo tácitamente que dicha oposición debe envolver una pretensión controvertida sobre la reclamación de algún derecho. Por esta razón, este término coincide con el de prescripción de todas las acciones reales o personales que puedan haber intentado los terceros interesados. Pero debe tratarse en todo caso de los acreedores del constituyente, que hagan oposición para que el bien no se excluya del patrimonio ejecutable del deudor, lo cual sirve para aclarar que no debe dársele curso a la oposición realizada por algún otro motivo, sino cuando el oponente ha acreditado su interés y lo ha denunciado a través de la postulación de hechos concretos, y no sobre suposiciones de hechos indeterminados que puedan ser objeto de investigación y en los cuales no tiene un interés directo y manifiesto.

El tribunal admitirá la solicitud de Constitución de Hogar y los documentos aportados al comprobarse que cumple con los requisitos legales. Luego ordenará publicar por carteles la solicitud de los cónyuges en un periódico de circulación nacional durante noventa días, una vez cada quince días. Los recaudos a presentar son: copia certificada del acta de matrimonio de los interesados y la partida de nacimiento de cada uno de los hijos; aunado al requerimiento de que sea decretada la constitución de hogar, previo avalúo o justiprecio del inmueble.

El o los solicitantes explicarán al juez que son los únicos propietarios del inmueble (casa, terreno, apartamento). Identificarán el bien señalando su ubicación, superficie y linderos, según se evidencia en el documento de propiedad inscrito en la oficina de Registro Inmobiliario.  El tribunal podrá designar a un profesional (perito tasador) para que fije el valor del inmueble mediante conocimientos técnicos expresados en un informe. Si no existe objeción alguna por parte de algún tercero interesado que pretenda derechos sobre la vivienda, Tribunal declarará constituido en hogar el inmueble. Y finalmente, esa sentencia deberá protocolizarse en la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario y se publicará en la prensa para que surta efectos erga omnes.

Constitución de Hogar

El término hogar es utilizado muy corrientemente por las personas para denominar el lugar donde viven y que está estrechamente relacionado con una sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma, es también el Domicilio habitual de una persona y en el que desarrolla su vida privada o familiar. Es el ambiente familiar que se desarrolla en la vivienda habitual.

Nuestra Código Civil permite que cualquier persona pueda excluir de su patrimonio algunos bienes y así quedan estos libres de persecución por parte de los acreedores, considerándose éstos intocables y protegidos con la finalidad de evitar que la familia quede en la ruina en la ejecución o cumplimiento de obligaciones. La constitución de hogar es un derecho real de goce de habitar el inmueble, el hogar puede ser una casa en poblado o fuera de él, o también una casa de labor o cría, siempre y cuando esté destinada a ser la vivienda principal de la familia. Este derecho no implica una transferencia de propiedad cuando este sigue en manos de la persona que lo constituyó, solo ocurre dicha transferencia cuando se es constituida a favor de otra persona y manifiesta su voluntad en tal sentido.

Ahora bien, ¿Quiénes pueden gozar del hogar legalmente constituido?

Gozarán de este derecho las personas a quienes se haya constituido a su favor, pero si no hay constancia clara de quienes son los beneficiarios, el cónyuge, los ascendientes que se encuentren en estado de reclamar alimentos, los hijos que estén solteros y los hijos mayores entredichos o inhabilitados por defecto intelectual. Los beneficiarios mayores de edad que tengan una conducta deplorable o notoriamente mala, perderán el derecho al hogar.
Es importante resaltar que aquel bien se haya constituido como hogar no podrá venderse, donarse, o hipotecarse si no se ha oído previamente a todos los beneficiaros de él o sus representantes legales, y tendrá lugar la autorización judicial cuando exista una necesidad extrema y previa consulta al tribunal superior.  

Aquí les dejo estos dos artículos del diario El Universal relacionados con el tema:

http://www.eluniversal.com/2009/02/17/opi_art_proteja-su-hogar_1271163
http://www.eluniversal.com/blogs/derecho-innovador/130509/constitucion-de-hogar-y-vivienda-principal

Administración de la Comunidad Conyugal

La administración  de la comunidad conyugal se encuentra tipificada en el artículo 168 y siguientes del Código Civil Venezolano, el cual señala que cada uno de los cónyuges puede administrar por su cuenta los bienes de la comunidad que hayan adquirido por su profesión, trabajo o industria o también por cualquier otro título legitimo. En el caso de que uno de ellos desee enajenar (vender, donar, etc.) algún inmueble, bienes muebles, fondos de comercio, acciones o cualquier derecho que requiera de publicidad es necesario el consentimiento de ambos. El juez puede dar autorización a uno de los cónyuges para que pueda celebrar por si solo alguno de los actos en el que sea necesaria la autorización del otro si éste está imposibilitado para manifestar su voluntad y si los intereses de la familia y del matrimonio así lo atribuyan. Esa autorización también procederá cuando uno de los cónyuges no autorice al otro a enajenar o celebrar algún acto sin una causa justificada, y para ello tendrá lugar una audiencia con el otro cónyuge si este no tiene imposibilidades, y tomando en cuenta la inversión que tenga que darse a los fondos provenientes de dichos actos.
El Código Civil en su artículo 169 hace referencia a la administración de los bienes de la comunidad conyugal que provengan de donaciones a causa del matrimonio, los cuales estarán bajo la administración del cónyuge al que se le hizo la donación, y si se hizo a nombre de ambos, se seguirá lo previsto en el artículo 168.

¿Qué pasa si uno de los cónyuges celebra algún acto jurídico con los bienes de la comunidad sin la autorización y convalidación del otro?

Esos actos son anulables, siempre y cuando aquel que haya tenido participación en ese acto tenga conocimiento que los bienes pertenecen a la comunidad conyugal. La acción o demanda de nulidad de ese acto la realizará el cónyuge que no dio la autorización antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir de la fecha de inscripción del documento en el Registro, Notaría o en los libros de sociedades si se trata de acciones o cuotas de participación. Quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe que no participaron en el acto realizado con el cónyuge y que ya hayan registrado el titulo o documento antes del registro de la demanda de nulidad.
Si el acto jurídico se celebró sobre un bien inmueble, se estampará una nota marginal en el protocolo o libro correspondiente.
Si la nulidad es improcedente, el cónyuge afectado puede ejercer acciones contra el otro por daños y perjuicios ocasionados en el lapso de un (1) año contado a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de ese acto, o también, luego de transcurrido un (1) año después de la disolución de la comunidad conyugal.

Fenecimiento de la Sociedad Conyugal y Separación de Bienes durante el Matrimonio

Se entiende por fenecimiento la extinción, fin o perecimiento de algo, y para el caso de la sociedad conyugal o de gananciales, ésta se da por las siguientes causales:

1. Fallecimiento de uno de los cónyuges
2. Nulidad del matrimonio
3. Divorcio
4. Separación de bienes durante el matrimonio
5. Declaración de ausencia de uno de los cónyuges
6. Quiebra de uno de los cónyuges

Al producirse la separación de bienes durante el matrimonio, cada cónyuge recupera plenamente la administración de sus respectivos bienes después de haberse liquidado la comunidad de gananciales. La separación legal de bienes surge por éstas razones:

1. Por demanda autónoma de separación, la cual está fundamentada en la administración irresponsable de los bienes comunes por uno de los cónyuges.
2. Por medio de la solicitud de separación de cuerpos junto con la de bienes
3. Por decreto de la autoridad judicial de acuerdo a la solicitud de separación de cuerpos y bienes formalizado por los cónyuges.

La separación de bienes se clasifica en dos categorías:

• Separación Principal: Tiene lugar durante la vigencia del matrimonio a solicitud de uno o ambos cónyuges.
• Separación accesoria: Esta separación surge cuando uno de los cónyuges es declarado en quiebra o cuando se produce la declaración judicial de separación de cuerpos.

¿Cuándo se origina la cesación de la separación de bienes? Y ¿Cuáles son sus efectos?

La separación de bienes cesa por una resolución judicial solicitada por ambos cónyuges y se produce también cuando los esposos se reconcilian y dicha separación fue originada por la sentencia de separación de cuerpos. Al cesar la separación de los bienes, sus efectos serán como si nunca se hubiese efectuado. Cabe destacar que esa cesación o restablecimiento de la comunidad de bienes debe constar en un documento público o debidamente registrado.

Comunidad de Bienes

La Comunidad de bienes en el matrimonio se encuentra tipificado en el artículo 148 y siguientes del Código Civil Venezolano. Constituye una sociedad existente entre el marido y la mujer al momento de celebrar el matrimonio hasta su disolución, en el que los bienes de éstos se hacen comunes, de manera que luego se dividan a la mitad para ellos o a sus herederos, sin importar si uno de ellos generó más capital que el otro durante la existencia del vinculo matrimonial. Cabe destacar que existirá la comunidad de bienes entre el marido y la mujer siempre y cuando éstos no hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, convenciones que ya fueron explicadas y analizadas anteriormente en este blog. La comunidad de bienes es el régimen supletorio de la voluntad de los contrayentes.

El código Civil clasifica los bienes de esa comunidad, a saber:

a) Bienes Propios de cada cónyuge: Estos se dividen en tres categorías:

• Aquellos que cada cónyuge lleva o aporta al matrimonio, 
• Bienes adquiridos durante el matrimonio ya sea por permuta con otros bienes propios del cónyuge, por derecho de retracto ejercido sobre los bienes propios por el respectivo cónyuge y con dinero de su patrimonio, por dación de pago hecho al respectivo cónyuge por obligaciones provenientes de bienes propios, los que adquiera durante el matrimonio a titulo oneroso, cuando la causa de esa adquisición ha precedido al casamiento, las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedad, deducidas las primas pagadas por la comunidad, por compra hecha con dinero de la enajenación de otros bienes propios del cónyuge adquiriente, por compra hecha con dinero propio del cónyuge adquiriente, siempre que haga constar la procedencia del dinero y que la adquisición la hace para si.
• Bienes donados o dejados en testamento conjuntamente a los cónyuges con la designación de parte determinadas, les pertenecen como bienes propios en la proporción determinada por el donante o por el testados, y a falta de designación, por mitad.

b) Bienes Comunes: Como lo indica su nombre, son aquellos que pertenecen a ambos cónyuges. Se dividen en:

• Frutos naturales y civiles de los bienes propios y también los obtenidos de los bienes comunes
• Ingresos percibidos por cualquiera de los cónyuges que sean fruto de su profesión, trabajo, industria, jubilación, cesantía mientras subsista el matrimonio
• Ingresos extraordinarios obtenidos en loterías u otros juegos permitidos por la ley
• Tesoro descubierto, sin importar que haya sido encontrado en el predio o propiedad de uno de los cónyuges
• Bienes adquiridos a titulo oneroso, a costa del caudal común, aunque se haga a nombre de uno de los esposos
• Las mejoras útiles hechas en bienes propios a costa del caudal común o por la industria del marido o de la mujer
• Los edificios construidos en suelo propio de uno de los cónyuges a costa del caudal social.

Naturaleza Jurídica de la Comunidad de Bienes. Para determinar la naturaleza de los bienes de la comunidad, se aplican presunciones cuando existieren dudas si estos son bienes propios de cada cónyuge o comunes. Tales presunciones son las siguientes: La primera es que todos los bienes de la sociedad conyugal se consideran comunes, salvo que se pruebe lo contrario, la segunda es que los bienes sustituidos o subrogados a otros, se consideran ser la misma condición legal de los que sustituyeron o subrogaron. Por ejemplo, si luego de venderse un vehículo que era propio de uno de lo cónyuges, se compra otro bien, se presume que la adquisición de ese bien se hizo con el dinero proveniente de la venta del vehículo.

Matrimonio Putativo

Es definido como una ficción legal, es decir, el matrimonio es considerado valido en ciertos casos en que es declarado nulo o anulado en el período comprendido entre la fecha de su celebración y la fecha de la sentencia definitivamente firme que dicte la nulidad del mismo. y dicha sentencia tiene efectos desde la fecha en que fue dictada hacia el futuro (Efectos ex nunc) y no hacia el pasado (efectos ex tunc). También se conceptualiza como un matrimonio entre una pareja que no tiene el conocimiento de la existencia de los impedimentos para contraer nupcias.Los efectos del matrimonio putativo favorece a determinadas personas, o sea, puede tener dicho valor de putativo con respecto de uno de los cónyuges y no en relación con el otro. o también frente a los hijos habidos en ese matrimonio y no con los padres que son los cónyuges. Y para que surta ese efecto de putativo, debe de existir la buena fe por parte de ellos. Si el matrimonio anulado tiene valor de putativo para ambos conyuges, los dos deben considerarse o tenerse como ascendientes de sus hijos y por lo tanto tendrá lugar la aplicación de las normas y principios de la patria potestad. Si se da el caso de que el matrimonio es putativo para uno de los cónyuges, este no puede exigir derechos sobre sus hijos por haber actuado de mala fe, correspondiéndole ejercer tales derechos al cónyuge de buena fe.

Es menester destacar los requisitos necesarios de la Buena fe de uno o ambos cónyuges y los cuales determinaran si dicho matrimonio es putativo. Tales requisitos son:

a) Debe ser individual: Es importante que uno de los contrayentes haya contraído tal matrimonio de buena fe, es decir, que tengan la creencia errónea de que está celebrando el matrimonio de forma legal y valida.

b) Debe ser subjetiva: Es totalmente personal. El Juez deberá considerar los motivos personales del o de los contrayentes (edad, cultura, educación, inteligencia)

c) Debe ser independiente de la norma violada: En estos casos, no se considera la gravedad de la norma infringida para la celebración de la unión matrimonial.

d) Debe existir al momento de la celebración del matrimonio: La buena fe no debe haber existido ni antes ni después de haberse celebrado el matrimonio.

Cuando uno de los cónyuges quiera favorecerse del matrimonio putativo, tendrá que alegar y probar que actuó de buena fe.

Esponsales

Consiste en una promesa reciproca, es decir tanto del hombre como de la mujer de contraer matrimonio, el cual se encuentra fundamentado en el artículo 41 y siguientes del Código Civil Venezolano. Dicha promesa no genera la obligación legal de celebrar el matrimonio y tampoco de consumar la obligación que se haya establecido para el caso de la inejecución de la promesa. Los esponsales se caracterizan por ser promesas de a futuro, y los contrayentes pueden establecerlos por medio de carteles esponsalicios que serán publicados en el Registro Civil o Prefectura de la jurisdicción donde se celebrará el matrimonio. Los esponsales deben cumplir los siguientes requisitos o condiciones:

1. La promesa de futuro matrimonio debe ser expresa.
2. Debe ser pura y simple, es decir, la promesa no debe estar sometida a ninguna condición o termino.
3. Los esponsales exigen pocas formalidades especiales. Nuestra legislación exige que estos sean publicados en carteles (Artículo 67 y 68 del Código Civil)

Si la promesa matrimonial no se cumple, ¿Qué acciones pueden ejercerse por ello?

Si se da el caso de que uno de los futuros contrayentes se rehúsa a casarse o a cumplir con la promesa matrimonial sin causa justificada, el incumplidor deberá resarcir al otro todos los gastos que haya hecho para la celebración de matrimonio, es decir, el novio o novia afectada puede ejercer una demanda por indemnización por concepto de gastos realizados. Pero, es menester resaltar que dicha acción o demanda debe cumplir ciertas condiciones o requisitos para que pueda ser ejercida, éstos son:

• Los esponsales deben haberse celebrado por personas capaces
• Los esponsales deben tener constancia en carteles esponsalicios
• La promesa matrimonial debe estar rota o incumplida sin una causa justificada.
• La acción o demanda debe ser ejercida antes de haber transcurrido dos (2) años contados desde el día en que se pudo exigir el cumplimiento de los esponsales.
• Para interponer la demanda por indemnización, el libelo o escrito debe estar acompañado de los carteles esponsalicios. Caso contrario, la demanda será inadmisible.

Capitulaciones Matrimoniales

Son convenios celebrados por los futuros contrayentes, los cuales tienen la finalidad de establecer o fijar el régimen económico o patrimonial del futuro matrimonio y se encuentran establecidos en el artículo 141 y siguientes del Código Civil Venezolano.

Son considerados como contratos sujetos a término inicial. Son intuitu personae, es decir, son personalísimos como el matrimonio y estos convenios solo existen entre los futuros cónyuges. Las capitulaciones matrimoniales solo pueden celebrarse antes del matrimonio, si el matrimonio se celebra sin haberse firmado las capitulaciones, estas ya no podrán realizarse y el matrimonio quedará sujeto a la comunidad limitada de gananciales. Son convenios inmutables debido a que no pueden ser modificados luego de contraer matrimonio y mientras éste perdure, solo pueden modificarse antes de que el matrimonio se celebre y surtirá sus efectos o tendrán plena validez al protocolizarse por ante la Oficina Subalterna de Registro del lugar donde se celebrará el matrimonio y como se indicó, antes de su celebración. Contrario a esto, las capitulaciones matrimoniales serán nulas. Cabe destacar que las modificaciones que se realicen en las capitulaciones matrimoniales deben ser anotadas al margen de los protocolos de dicho convenio para que así surta efectos respecto a terceros.

Si uno o ambos contrayentes son menores de 18 años, éstos pueden sin problema alguno celebrar capitulaciones matrimoniales siempre y cuando cuenten con la aprobación y asistencia de la persona cuyo consentimiento sea necesario para la celebración del matrimonio, que serían los padres o quienes tengan la patria potestad sobre ellos. Igualmente si uno o ambos contrayentes está inhabilitado o tiene en curso un juicio por inhabilitación, debe contar con la asistencia y aprobación de su curador y aprobadas por el Juez que esté en conocimiento de ésa causa.

Impedimentos para contraer matrimonio (2da Parte)

Cómo se explicó en la entrada anterior, los impedimentos para contraer matrimonio son los obstáculos legales para el ejercicio de la capacidad matrimonial, en otras palabras, son trabas para celebrar dicho acto entre personas con capacidad. De igual manera se analizaron los impedimentos absolutos y relativos, pasando hoy a explicar otros impedimentos que se enunciaron. éstos son los Impedimentos Impedientes y los dirimentes.

Impedimentos Impedientes: Son todas aquellas causas, prohibiciones o trabas que impiden desde el punto de vista legal que el matrimonio sea celebrado, sin embargo, si éste llegara a celebrarse, puede considerarse válido. No conlleva a la nulidad del matrimonio tanto absoluta como relativa, pero si a penas de carácter económico o ninguna sanción. Éstos impedimentos se clasifican en

a) Dispensables: Son Impedimentos que pueden ser autorizados o permitidos por el Juez. Entre ellos tenemos, el impedimento de consanguinidad establecido en el artículo 53 del Código Civil, el cual impide el matrimonio entre tíos y sobrinos, y de igual forma entre tíos con los descendientes de sus sobrinos. El Juez puede dispensar ese impedimento sin obligación alguna, y si se contrae un matrimonio violando dicho artículo, la sanción es una multa de de 500 a 2000 bolívares a los contrayentes. Y en caso de que se contraiga matrimonio luego de negarse la dispensa, la multa será hasta 3000 bolívares, tal como se señala en el artículo 131, ordinal 1. El impedimento de afinidad se encuentra también el el artículo 53, que prohíbe el matrimonio entre cuñados si el vinculo matrimonial que generó la afinidad fue disuelto por divorcio. Pero si ese matrimonio se disolvió por la muerte del otro cónyuge, el sobreviviente está en toda la libertad de casarse con cualquiera de los hermanos del cónyuge que falleció. El impedimento de tutela se encuentra plasmado en el artículo 58 del Código Civil, el cual no permite el matrimonio del tutor o curador y de sus descendientes con la persona que uno de aquellos tiene o ha tenido en guarda mientras que expirada la tutela o curatela, las cuentas definitivas no hayan sido aprobadas.

b) No dispensables: Tal como lo expresa la palabra, no pueden ser autorizados o permitidos. Entre ellos se encuentra el impedimento de Turbatio Sanguinis, que es absoluto y afecta solamente a la mujer y el artículo 57 del Código Civil prohíbe que contraiga matrimonio antes de haber transcurrido 300 días (equivalente a 10 meses) desde la anulación o disolución del matrimonio anterior para evitar conflictos de paternidad. Luego tenemos los impedimentos de autorización y de inventario.

Impedimentos Dirimentes: Son los que además de impedir la celebración del matrimonio, determina la nulidad del vinculo contraído con violación del mismo. Se dividen en absolutos y relativos. Los absolutos establecen prohibiciones generales para contraer matrimonio y quienes tengan tales impedimentos no pueden casarse con nadie. Ejemplos: Las personas que aun estén casadas y cuyo matrimonio no esté anulado o disuelto (Impedimento de vinculo anterior), Los ministros de cualquier culto o religión que tengan prohibido casarse, como los Sacerdotes Católicos (Impedimento de Orden). Y los Impedimentos relativos son los que establecen prohibiciones entre una persona determinada y otra igual, no existiendo impedimento para que ellos contraigan matrimonio con otra persona o un tercero. Por ejemplo: El matrimonio entre hermanos, y el matrimonio entre consanguíneos en linea recta (ascendientes o descendientes), el cual es un impedimento de consanguinidad. La ley prohíbe además que las personas que tengan afinidad en linea recta contraigan matrimonio entre ellos. El artículo 54 del Código Civil prohíbe y considera invalido los matrimonios celebrados del adoptante con el adoptado y sus descendientes, entre el adoptante y el cónyuge del adoptado ni entre el adoptado y el cónyuge del adoptante mientras exista la adopción. Y Por ultimo existe el impedimento Dirimente relativo de Crimen, consagrado en el artículo 55 ejusdem, que prohíbe el matrimonio entre la persona condenada como reo o cómplice de homicidio ejecutado frustrado o intentado contra uno de los cónyuges con el otro cónyuge si el juicio penal estuviese pendiente

Impedimentos para contraer matrimonio

La palabra “Impedimento” puede definirse como la ausencia de alguna condición necesaria para celebrar algún acto jurídico, y en el caso del matrimonio, son los obstáculos establecidos en la ley para poder ejercer la capacidad matrimonial. Existen impedimentos absolutos y relativos, impedientes y dirimentes. Los impedimentos absolutos son aquellos que prohíben contraer matrimonio con cualquier persona. Entre los impedimentos absolutos se señalan:

a) Mujeres menores de 14 años y Hombres menores de 16 años.

b) Aquellos que adolecen de impotencia manifiesta y permanente.

c) Personas con padecimiento habitual de una enfermedad mental, no importa que tenga momentos de lucidez.

d) Personas que ya estén casadas, ésto es con la finalidad de evitar las bigamias, las cuales constituyen un delito..

e) Personas sordomudas que no sepan de alguna manera expresar su consentimiento.

f) Los hermanos no pueden bajo ningún concepto contraer matrimonio.

Los Impedimentos relativos se refieren a aquellos que no permiten el matrimonio con determinadas personas y dan lugar a la anulabilidad del vínculo matrimonial. Éstos son:

a) Aquellas personas que posean un vinculo consanguinidad y afines en linea recta de acuerdo a lo señalado en el artículo 37 del Código Civil.

b) Personas que tengan vínculos colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad (ejemplo: tío(a) con sobrina(o), o segundo de afinidad  (cuñado) si el primer matrimonio se disuelve y el ex-cónyuge está vivo.

c) El adoptante con el adoptado y ninguno de ellos con el viudo del otro. Tampoco puede contraer matrimonio el adoptado con el hijo que sobrevenga al adoptante.

d) Personas que estén condenadas como implicadas en la muerte de alguno de los cónyuges o el procesado por esta causa con el cónyuge sobreviviente.

e) El raptor no puede contraer nupcias con la raptada mientras ella se encuentre en su poder

f) Tampoco puede contraer matrimonio el tutor o curador ni de sus parientes mientras esté ejerciendo su cargo, a menos que algunos de progenitores de la persona que se encuentre tutelada haya dado autorización al matrimonio por documento público o testamento.

g) La viuda no puede contraer nupcias antes de transcurridos 300 dias de la muerte de su marido, a menos que ya haya dado a luz..Éste impedimento se le conoce como “Turbatio sanguinis”

h) El viudo o viuda están impedidos de contraer matrimonio si no se ha realizado un inventario de los bienes de los hijos que esté administrando, y en dicho inventario debe intervenir un juez, dos testigos y el curador

Según el artículo 46 del Código Civil Venezolano, no puede contraer válidamente matrimonio la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón que no haya cumplido dieciséis años. Esto significa que si una pareja que no tenga la edad mínima establecida por la ley para casarse contrae nupcias, dicha unión será considerada inexistente y bajo pena de invalidez..

Los impedimentos impedientes son los que legalmente no permiten que se celebre el matrimonio, pero si llegase a celebrarse, es valido. Y los impedimentos dirimentes son los que impiden la celebración del matrimonio y determinan que éste es nulo. Éstos se explicaran con más profundidad en una próxima entrada.

Efectos del Matrimonio

El Matrimonio tiene efectos jurídicos entre los cónyuges y entre éstos y sus hijos. De acuerdo al artículo 137 del Código Civil Venezolano, el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes, entre ellos están la obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad y ayudarse mutuamente.

Los efectos derivados del matrimonio son los siguientes:

1. Deberes y derechos que nacen el matrimonio: Como el deber de fidelidad, que nos es más que la obligación de cada cónyuge de cohabitar con el suyo, hacer vida común en el hogar conyugal, el deber de asistencia, que comprende ayuda y cooperación mutuas tanto de carácter moral como espiritual y material. También surgen obligaciones de los padres con los hijos, como la de proveer subsistencia de los hijos desde su nacimiento hasta su mayoría de edad, educarlos

2. Potestad Marital. Se puede definir como el conjunto de facultades que la ley concede al marido para dirigir la sociedad conyugal al igual que a la mujer. Dicha función debe asumirse para el beneficio de la familia. Más que un derecho, son diversas obligaciones.

3.  Régimen de Gananciales. Es un conjunto de normas relacionadas al patrimonio de cada cónyuge, anterior a la celebración del matrimonio, el destino de los bienes adquiridos durante el matrimonio o las adquiridos en ese mismo periodo por uno de los esposos, con cual de dichos bienes se solventaran las cargas matrimoniales y si se disuelve la comunidad conyugal el destino de éstos. El régimen de gananciales se rige por la Ley o por las convenciones de las partes. Todos aquellos convenios que sean celebrados siendo contrarios a las disposiciones legales o las buenas costumbres son nulos. Las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio son comunes y de por mitad, salvo que los futuros cónyuges celebren Capitulaciones Matrimoniales, éstos convenios se explicaran más adelante.

4. El parentesco. Al contraer matrimonio surge un nuevo parentesco que es el de Marido y Mujer.

5. El derecho hereditario que surge a la muerte de los cónyuges y aun de otros miembros de la familia.

Requisitos y recaudos para contraer Matrimonio Civil

El Matrimonio civil se formaliza ante las autoridades civiles (registro civil, administración pública, jueces o autoridades municipales).

Para contraer matrimonio por civil los futuros contrayentes deberán dirigirse a la Oficina o Unidad de Registro Civil correspondiente y además consignar los requisitos que se enumeran a continuación con la finalidad de elaborar el expediente esponsalicio, una vez conformado se fijará la fecha de celebración del matrimonio.

Requisitos y Recaudos:

Venezolano (a)  que habite en el territorio nacional.

Carta de Residencia de por lo menos uno de los contrayentes, expedida por la Dirección de Justicia Municipal, para dejar constancia de que vive en la parroquia donde desea contraer matrimonio.

Original y copia de las cédulas de identidad de los contrayentes.

Copia certificada de las actas de nacimiento de los contrayentes (vigentes).

Copia de la cédula de identidad de dos testigos.

Carta de soltería notariada.

Si alguno de los contrayentes es viudo o divorciado, debe presentar copia del acta de defunción o de la sentencia de divorcio, en lugar de la carta de soltería.

Si alguno de los contrayentes tiene hijos menores de edad, consignar la curatela.

Fijar carteles ocho días antes de la celebración del matrimonio.

Si el matrimonio se celebra por el Artículo 70 del Código Civil Venezolano, para legalizar una unión de hecho (concubinato) no requiere la fijación de carteles.

En caso de que el matrimonio vaya a celebrarse fuera de la sede de la jefatura, deberá cancelar un tributo por el servicio de traslado

El Matrimonio

De acuerdo a la Real Academia Española, el Matrimonio es la unión del hombre y la mujer concertada mediante determinados ritos y formalidades legales (ésto es en cuanto al matrimonio civil). Respecto al matrimonio canónico, la RAE lo define como el sacramento propio de legos por el cual el hombre y la mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la Iglesia. En el Derecho, el matrimonio se conceptualiza como una institución jurídica, es la unión legal de un hombre y una mujer, fundamentado tanto de derechos como de obligaciones recíprocas, de afecto y cuya finalidad es la de organizar o procrear una familia. En el Código Civil Venezolano, no se encuentra  un concepto como tal del matrimonio. El artículo 44 establece que no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer y que la Ley no reconoce otro matrimonio contraído sino el que se reglamenta por el Código Civil en su título IV. En Venezuela no existe por ahora ninguna ley que reconozca las uniones para las parejas homosexuales, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la unión civil. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela protege al matrimonio entre hombre y mujer. Respecto a la Naturaleza Jurídica del Matrimonio, en el Derecho Canónico es un Sacramento. Para los tratadistas es un contrato, un negocio jurídico bilateral y para otros se considera una institución fundamental del Derecho Familiar, la cual se rige por una serie de normas que fijan derechos y obligaciones a los cónyuges y regulan las relaciones internas y externas de la sociedad conyugal. El matrimonio conlleva a una asociación entre los esposos. 

Importancia y fines del Matrimonio: 

Es la base fundamental de la familia, debido a que gran parte de las instituciones jurídicas del Derecho de Familia están basadas en él. Sus fines son: Propender a la procreación (fines físicos o biológicos), y la comunidad de la vida para así ayudarse y protegerse de manera mutua.

La Asamblea Nacional discutirá un proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario, aquí les dejo el link

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/an-discutira-proyecto-de-ley-de-matrimonio-civil-i.aspx

DECÁLOGO DEL ABOGADO

POR:

 EDUARDO J. COUTURE (1904-1956)

ESTUDIA. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.

PIENSA. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

TRABAJA. La abogacía es una ardua fatiga pues al servicio de la justicia.

LUCHA. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres es conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.

SÉ LEAL. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando  él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debes confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas."

TOLERA. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.

TEN PACIENCIA. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.

TEN FE. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustituto bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay Derecho, ni justicia, ni paz.

OLVIDA. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.

AMA A TU PROFESIÓN. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado.